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PDVSA y GeoPark en Venezuela: el 65% depende de la medición fiscal

PDVSA y GeoPark firmaron un CPP de 25 años para Baré. El 65% de GeoPark solo existe si hay medición fiscal confiable en el punto de custodia.

AGT
Equipo AGT

· 6 min de lectura

Una persona en un rol de análisis de producción revisa documentos de medición en un escritorio dentro de una oficina de operaciones, con una pantalla mostrando gráficos abstractos desenfocados al fondo.

El 27 de agosto cambió la licencia (PDVSA y GeoPark) en Venezuela: el 65% depende de la medición fiscal.

El 27 de agosto, OFAC modificó ocho licencias generales de Venezuela —entre ellas la GL 52B, la que cubre transacciones con PDVSA— para eliminar la exigencia de que esos contratos se rijan por ley estadounidense (OFAC, 2026). Es un alivio real para quien redacta el contrato del Bloque Baré. Pero ese alivio no toca la cifra que de verdad sostiene el negocio: el CPP de 25 años que GeoPark firmó con PDVSA Petróleo para Baré fija una participación económica neta del 65% sobre lo que se mida en el punto de entrega —no sobre lo que se firma— (GeoPark, 2026), y ese 65% depende de un régimen de licencias que sigue cambiando pieza por pieza.

Lo que no tocó el ajuste del 27 de agosto: las disputas siguen teniendo que resolverse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, y cualquier pago a una persona bloqueada —salvo impuestos, permisos o tasas locales— sigue yendo a las Foreign Government Deposit Funds que creó la Orden Ejecutiva 14373 (OFAC, 2026).

Lo que no cambió: quién reporta y cuándo

27 de agosto de 2026
Lo que cambió y lo que no cambió en las licencias
Se podría pensar
Lo que realmente pasó
El cambio del 27 de agosto es una flexibilización general de las licencias de Venezuela
OFAC solo eliminó la exigencia de que los contratos se rijan por ley estadounidense
Se podría pensar que esa flexibilización alcanzó también las demás condiciones del contrato
Siguen teniendo que resolverse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur
Se podría pensar que ese cambio también liberó la ruta de los pagos a PDVSA
Salvo impuestos, permisos o tasas locales, siguen yendo a las Foreign Government Deposit Funds que creó la Orden Ejecutiva 14373

Es fácil leer el cambio del 27 de agosto como una flexibilización general, y no lo es: OFAC quitó una cláusula de redacción legal, no la obligación de reportar. Las mismas ocho licencias exigen que cada firma presente el primer reporte de transacción a los diez días de la primera operación, y lo repita cada 90 días —cada 30 en el caso de minerales bajo la GL 51C— (OFAC, 2026). Ese calendario, no la fecha de la firma, es el que corre para el CPP de Baré, y el volumen que alimenta ese reporte es el mismo que decide cuánto de la producción le corresponde a GeoPark.

Calendario de reporte
El ciclo que corre desde la firma del CPP
📝
Entrada en vigor del contrato
Bajo el régimen de la GL 52B y las otras siete licencias enmendadas
📤
Primer reporte de transacción
A los diez días de la primera operación
🔁
Reporte periódico
Cada 90 días — cada 30 en minerales bajo la GL 51C
Dónde se rompe
1Reconstrucción de último momento
El ciclo se rompe si el reporte se arma justo antes del vencimiento en lugar de sostenerse sin reconstrucción de último momento.
OFAC, 2026

Qué hacer con lo que sabemos de cumplimiento

Qué hacer
Cuatro frentes para un operador o proveedor en Venezuela
💰
Mapeo de pagos
Mapear cada pago a PDVSA o a una entidad que controle contra la ruta de las Foreign Government Deposit Funds, dejando fuera de esa ruta solo lo que la propia licencia exime.
📅
Calendario de reporte
Fijar el primer reporte de transacción en el calendario del proyecto desde la fecha efectiva del contrato: son diez días, no un plazo flexible.
🔐
Gobernanza de acceso
Extender la gobernanza de acceso (SAP GRC u homólogo) al flujo de datos que alimenta ese reporte —quién genera el volumen medido, quién lo aprueba, quién lo envía— no solo a los módulos financieros.
📄
Versión de licencia vigente
Confirmar contra qué versión de la licencia se redactó cada contrato (46D, 50C, 52B u otra) y en qué sede se resolverían las disputas: la condición de ley aplicable que existía hasta el 26 de agosto ya no rige.

Para un operador o proveedor que entra a un esquema similar en Venezuela:

  • Mapear cada pago a PDVSA o a una entidad que controle contra la ruta de las Foreign Government Deposit Funds, dejando fuera de esa ruta solo lo que la propia licencia exime.
  • Fijar el primer reporte de transacción en el calendario del proyecto desde la fecha efectiva del contrato: son diez días, no un plazo flexible.
  • Extender la gobernanza de acceso (SAP GRC u homólogo) al flujo de datos que alimenta ese reporte —quién genera el volumen medido, quién lo aprueba, quién lo envía— no solo a los módulos financieros.
  • Confirmar contra qué versión de la licencia se redactó cada contrato (46D, 50C, 52B u otra) y en qué sede se resolverían las disputas: la condición de ley aplicable que existía hasta el 26 de agosto ya no rige, y una cláusula redactada contra la versión anterior queda obsoleta sin que nadie la haya tocado.

El plazo lo pone Treasury, no el operador

Una persona del área de cumplimiento marca fechas en un calendario de reportes de transacciones sobre un escritorio de oficina, con una pantalla de fondo mostrando gráficos abstractos desenfocados.

El indicador que corresponde acá no es si el contrato se firmó: es si el primer reporte salió dentro de los diez días y si el ciclo de 90 días se sostiene sin reconstrucción de último momento. Ese calendario es externo y no negociable —lo fija Treasury, no el operador— y es la prueba real de que la cadena que va del volumen medido al reporte de cumplimiento funciona, más allá de lo que diga la firma del contrato.

Fuentes

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